El derecho laboral se caracteriza por su función protectora, orientada a equilibrar una relación jurídica en la que el trabajador se encuentra, por regla general, en una posición de inferioridad frente al empleador.
En este contexto, el ordenamiento incorpora principios específicos que actúan como criterios de interpretación y aplicación normativa, destinados a evitar que la ambigüedad o la incertidumbre perjudiquen a la parte más débil, y entre los que destaca el principio in dubio pro operario.
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Contacta con nosotros¿Qué significa el principio in dubio pro operario?
El principio in dubio pro operario significa literalmente “ante la duda, a favor del trabajador”. Se trata de un criterio interpretativo propio del derecho del trabajo, conforme al cual, cuando existe un conflicto entre preceptos laborales pertenecientes a normas distintas, debe optarse por la interpretación o aplicación que, en su conjunto, resulte más beneficiosa para el trabajador.
No existe una formulación expresa del principio con ese nombre, pero se encuentra recogido de forma implícita en el artículo 3.3 del Estatuto de los Trabajadores, mientras que su alcance ha sido perfilado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en distintas sentencias insiste en su carácter excepcional y restrictivo. Entre ellas, se puede citar la sentencia del Tribunal Supremo número 1283/2025, de 19 de diciembre.
¿Cuándo se aplica?
La aplicación del principio in dubio pro operario exige la concurrencia de determinadas condiciones. No basta con que el trabajador invoque un interés favorable, sino que deben cumplirse unos requisitos jurídicamente relevantes.
Existencia de un conflicto normativo
En primer lugar, debe existir un conflicto entre preceptos pertenecientes a dos o más normas laborales. Estas normas pueden proceder tanto de fuentes estatales (leyes o reglamentos) como de fuentes pactadas (convenios colectivos, contrato de trabajo o acuerdos marco).
Solo cuando se produce una verdadera colisión normativa puede plantearse la necesidad de optar por una disposición frente a otra.
Duda interpretativa objetiva y razonable
El principio únicamente se activa cuando existe una duda real sobre el sentido o alcance de la norma aplicable. Esta duda debe ser jurídicamente relevante, objetiva y razonable, no una simple discrepancia interesada de una de las partes.
Además, debe tratarse de una incertidumbre que subsista después de haber agotado los criterios interpretativos ordinarios, como la interpretación literal, sistemática o finalista.
Posibilidad de identificar una opción más favorable
Por último, es necesario que una de las normas en conflicto resulte efectivamente más favorable para el trabajador. Esta valoración no puede hacerse de manera parcial o fragmentaria, sino atendiendo al contenido global del precepto y, cuando se trate de conceptos cuantificables, considerando el cómputo anual.
Solo si una norma ofrece un resultado conjunto más beneficioso puede imponerse conforme al principio.
¿Qué límites hay que tener en cuenta en su aplicación?
El Tribunal Supremo ha delimitado con claridad los límites del principio in dubio pro operario, evitando que se convierta en una herramienta de aplicación general automática:
- En primer lugar, se insiste en su carácter de última ratio. Esto implica que únicamente puede utilizarse cuando no exista una solución clara tras aplicar los métodos interpretativos habituales.
- En segundo lugar, debe existir una duda interpretativa auténtica. El principio no permite elegir siempre la norma más ventajosa para el trabajador, sino solo resolver situaciones de ambigüedad normativa real.
- En tercer lugar, las normas comparadas deben respetar los mínimos indisponibles de derecho necesario. No pueden tomarse en consideración cláusulas pactadas que rebajen derechos imperativos establecidos legalmente, ya que quedarían fuera del conflicto normativo válido.
- Finalmente, la jurisprudencia exige una justificación expresa. Quien invoque el principio debe argumentar qué técnicas interpretativas previas se han agotado y por qué persiste la duda, dado que no opera de manera automática.
¿Cómo se aplica la norma más favorable?
La aplicación práctica del principio exige un método riguroso de comparación normativa. No se trata de escoger fragmentos aislados de distintas normas, sino de determinar cuál resulta más beneficiosa en conjunto.
La comparación debe hacerse de forma global, evitando resultados artificialmente favorables mediante la selección parcial de preceptos. Una vez identificada la norma más favorable, debe aplicarse íntegramente, incluso si algunos aspectos concretos de la otra norma podrían resultar más ventajosos de manera aislada.
Además, cuando se trate de condiciones cuantificables (como salario, jornada, vacaciones o faltas de asistencia al trabajo), la valoración debe realizarse en cómputo anual, para evitar distorsiones derivadas de una comparación limitada a un periodo reducido.
De este modo, el principio garantiza una protección real, pero dentro de unos límites establecidos que impiden su uso arbitrario.
¿Cuál es la finalidad del principio in dubio pro operario?
La finalidad esencial del principio in dubio pro operario es evitar que la indeterminación normativa perjudique al trabajador, protegiendo su posición más débil dentro de la relación laboral.
El contrato laboral no siempre se negocia en igualdad, sino que con frecuencia presenta rasgos cercanos a un contrato de adhesión, en el que el trabajador dispone de escaso margen para influir en las condiciones impuestas.
Por ello, cuando una norma se redacta con ambigüedad o cuando existe incertidumbre objetiva sobre su alcance, el ordenamiento opta por inclinar la interpretación hacia la solución más favorable al trabajador, reforzando así la función protectora del derecho laboral.
No obstante, este principio se aplica para resolver dudas interpretativas sobre la aplicación de normas y cláusulas contractuales válidas. En cambio, si el contrato incluye cláusulas que vulneran la normativa laboral o el convenio colectivo, aunque haya sido firmado por el trabajador, esas cláusulas serán nulas directamente.
Lorena Sanjaime Ramos es socia fundadora de Sanjaime Abogados Laboralistas. Es graduada en Derecho y miembro del Colegio de Abogados de Valencia (colegiada número 18.189) desde el año 2016.